Patentes, diseños y marcas sostienen casi la mitad del PIB europeo y apenas cuentan cuando una empresa pide financiación. Bruselas quiere revertir la situación y las empresas deben prepararse para ello. Por Manuel Campanero Carrasco, Economista. Director de PONS IP Andalucía

Hay una cifra en el último informe de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en la que merece detenerse: solo el 13 % de los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial ha intentado alguna vez obtener financiación apoyándose en ellos. La gran mayoría nunca ha encargado una valoración profesional de esos activos. Hablamos de patentes, diseños registrados, marcas, software, secreto empresarial y conocimiento técnico protegido. Es decir, del patrimonio que sostiene la posición competitiva de buena parte del tejido industrial español.

El dato resulta llamativo porque, en paralelo, las industrias intensivas en propiedad intelectual generan alrededor del 48 % del PIB de la Unión Europea y el 31 % del empleo. Tenemos una economía que descansa sobre intangibles y un sistema financiero que apenas los reconoce. El informe IP-backed finance, publicado por la EUIPO en abril de 2026, se dedica precisamente a explicar por qué ocurre esto y qué habría que construir para corregirlo.

La conclusión de fondo interesa a cualquier dirección financiera, trabaje o no en un sector tecnológico. Europa no tiene un problema de ideas. Tiene un problema para financiar su comercialización.

Una brecha de crédito de 365.000 millones

El informe cifra el déficit de crédito a pymes en la UE en hasta 365.000 millones de euros anuales. De esa cantidad, la parte atribuible a empresas intensivas en propiedad intelectual, el mercado que podría atenderse con instrumentos respaldados por intangibles, se estima entre 70.000 y 150.000 millones al año.

Si se construyera la infraestructura adecuada, la EUIPO calcula que esos instrumentos podrían movilizar entre 30.000 y 120.000 millones anuales de financiación nueva. En un horizonte de diez años, entre 150.000 y 580.000 millones, con un impacto acumulado en el PIB comunitario de entre el 0,4 % y el 4,2 %.

Las tres barreras que lo impiden

La respuesta habitual es que los intangibles son difíciles de valorar. Es cierto, pero incompleta. El informe identifica tres capas de obstáculos que se refuerzan entre sí.

La primera tiene que ver con la naturaleza del activo. Una patente, un diseño registrado o una cartera de desarrollos propios no se comportan como una nave industrial. Existe asimetría de información entre quien los ha creado y quien tiene que financiarlos. Su valor depende de activos complementarios que no se transmiten con ellos: el equipo, la red comercial, el conocimiento organizativo. Separados de ese contexto, en una liquidación pieza a pieza, pueden valer una fracción de lo que valen en uso. Y cada activo es único, con muy pocas transacciones comparables que sirvan de referencia.

La segunda capa es regulatoria y de mercado. Las normas contables impiden reconocer en balance la mayoría de los intangibles generados internamente, de modo que la empresa que más ha invertido en desarrollarlos es precisamente la que peor los refleja en sus cuentas. Los mercados secundarios de estos activos son débiles, así que no hay precios de referencia. Las garantías reales sobre ellos no están armonizadas entre Estados miembros. Y el marco prudencial de Basilea III penaliza el capital que la entidad debe inmovilizar cuando acepta este tipo de respaldo.

La tercera es el coste. Una valoración a medida exige un trabajo de análisis considerable, hay pocos profesionales cualificados y el resultado es difícil de contrastar contra datos de mercado. Para una pyme, el coste de la valoración puede ser desproporcionado respecto a la operación que pretende financiar.

El resultado es un círculo cerrado que el informe describe sin rodeos: sin operaciones no se acumulan datos, sin datos la evaluación de riesgo sigue siendo conservadora, y sin evaluación de riesgo fiable ningún instrumento llega a escalar.

Lo que se está construyendo

El informe plantea 18 medidas posibles y selecciona cinco prioridades encadenadas. La secuencia tiene una lógica que conviene entender porque anticipa el orden en que llegarán las cosas.

Primero, hacer visible el patrimonio intangible mediante un marco voluntario de divulgación, sin nuevas obligaciones de reporting, apoyado en el diagnóstico que ya se presta a través del SME Fund. Segundo, asignarle un valor creíble con una arquitectura europea de valoración alineada con los estándares internacionales, acompañada de formación y, más adelante, vías de certificación. Tercero, convertir ese valor en crédito real a través de instrumentos de reparto de riesgo: productos de garantía específicos, que además alivian la carga de capital de la entidad prestamista, préstamo público respaldado por estos activos y seguros que cubran riesgos de infracción o ejecución. Cuarto, construir una base de datos de operaciones reales, junto con un registro centralizado de prendas que permita verificar si un activo ya está pignorado. Y quinto, coordinar todo lo anterior para que funcione de forma homogénea entre Estados miembros.

El calendario ya está en marcha por otras vías. La directiva de armonización concursal, avalada por el Parlamento Europeo en marzo de 2026, introduce la venta pre-pack, que permite acordar la transmisión del negocio junto con su patrimonio intangible antes de la apertura formal del concurso, preservando el contexto del que depende su valor. Su plazo de transposición ronda los 33 meses. En paralelo, la propuesta de reglamento del régimen societario 28.º y la revisión del marco de fondos de capital riesgo, prevista para el tercer trimestre de 2026, completan el paquete.

Todo ello se ordena bajo la Unión del Ahorro y las Inversiones. Y aquí está el argumento central del informe: el capital liberado no llega automáticamente a las empresas innovadoras. Fluye hacia donde puede evaluarse, tasarse y desplegarse con confianza. Si la infraestructura no está lista, ese dinero irá a sectores con garantías tradicionales o a mercados con mejor infraestructura, no a las empresas europeas intensivas en conocimiento.

Qué puede hacer una empresa desde ya

La tentación es esperar a que el marco esté cerrado. Sería un error, porque buena parte del trabajo útil no depende de que Bruselas termine nada.

Saber qué tiene. Un inventario ordenado de derechos registrados y no registrados, titularidades, vigencias, cobertura territorial y su vinculación real con las líneas de ingresos. Suena elemental y rara vez está hecho con el detalle que exigiría un analista de riesgos.

Comprobar si esos activos están libres. Cargas, prendas, licencias exclusivas y compromisos contractuales que limiten la disponibilidad del activo. Hoy no existe un registro centralizado, de modo que la verificación es manual y conviene hacerla antes de que la pida un tercero.

Revisar cómo se constituyen las garantías. Las reglas varían según el derecho de que se trate y la jurisdicción aplicable. En el caso de los títulos de la Unión Europea, la inscripción de la garantía es voluntaria y muy aconsejable, pero la oficina se limita a registrar y publicar: no examina si el derecho real se ha constituido válidamente. La validez y la prelación se rigen por la ley nacional aplicable. Una garantía publicada pero mal constituida da publicidad frente a terceros y ninguna capacidad real de ejecución.

Empezar por una valoración indicativa. No hace falta encargar de entrada un informe completo. Una estimación orientativa sirve para saber si el activo soporta una conversación con la entidad financiera, y solo después escalar al trabajo detallado si la operación lo justifica.

Ordenar la información antes de necesitarla. Cuando aparezcan los instrumentos de garantía, las empresas que ya tengan documentado y valorado su patrimonio intangible entrarán primero. Las demás empezarán entonces un proceso que lleva meses.

La propiedad intelectual e industrial ha sido durante décadas un asunto legal, gestionado en el departamento jurídico y evaluado como coste. El informe de la EUIPO apunta a un cambio de categoría: pasa a ser materia financiera. Para muchas empresas medianas españolas, con carteras de patentes, diseños, marcas y conocimiento técnico construidas a lo largo de décadas y balances que no las reflejan, ese cambio no es una cuestión regulatoria lejana. Es la diferencia entre acceder o no a la financiación que va a movilizarse en los próximos años.

En definitiva, convertir la propiedad intelectual en una palanca real de financiación exige mucho más que disponer de derechos registrados. Requiere identificar los activos intangibles, entender su relación con el negocio, ordenar la información relevante y construir una valoración sólida que pueda ser comprendida por inversores y entidades financieras. Desde el área de Consultoría Tecnológica de PONS IP acompañamos a empresas y organizaciones en este proceso, combinando conocimiento técnico, económico y estratégico para analizar sus activos, reforzar su gestión y prepararlos ante operaciones de financiación, inversión o crecimiento. Porque el valor de la innovación no depende únicamente de protegerla, sino también de saber explicarla, medirla y conectarla con los objetivos empresariales. Si tu organización quiere conocer mejor el potencial de sus activos intangibles y avanzar hacia una gestión orientada a la creación de valor, contacta con nuestro equipo.