La pregunta es clara: ¿Puede el titular de derechos marcarios invocar su ius prohibendi independientemente de la vigencia de las marcas de las que nacen esos derechos?

El Tribunal General de la Unión Europea (Sala Octava) se ha pronunciado al respecto en su sentencia de 9 de septiembre de 2026, en el asunto Unipreus / EUIPO – Wallapop (T-551/24), y ha sido rotundo al confirmar la necesidad de que los derechos anteriores invocados se encuentren vigentes no solo en la fecha pertinente para determinar su anterioridad, sino también cuando la EUIPO se pronuncie definitivamente sobre la oposición.

En 2014, la empresa española Unipreus, S.L. formuló oposición frente a la solicitud de marca de la Unión Europea “WALLAPOP” (figurativa), solicitada para servicios de las clases 35, 38 y 42, con base en tres marcas españolas anteriores “WALA W” (figurativas) registradas para servicios de la clase 35. La oposición, dirigida contra determinados servicios de la clase 35, se formuló con base en el artículo 8.1.b) del Reglamento (CE) n.º 207/2009, relativo al riesgo de confusión.

La División de Oposición estimó parcialmente la oposición. Ambas partes recurrieron dicha resolución y la Quinta Sala de Recurso estimó parcialmente el recurso de Wallapop y desestimó el de Unipreus. Esta última recurrió ante el Tribunal General solicitando la anulación de la resolución de la Quinta Sala de Recurso y, mediante sentencia de 3 de octubre de 2018, Unipreus/EUIPO — Wallapop (wallapop) (T-186/17, no publicada, EU:T:2018:640), el Tribunal General anuló parcialmente la resolución al considerar que la Sala había incurrido en un error de valoración al entender que los servicios controvertidos eran diferentes, cuando eran, al menos, similares en bajo grado.

Y llegamos al punto clave del asunto. El 5 de diciembre de 2018, Wallapop interpuso recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra dicha sentencia. Sin embargo, el 31 de agosto de 2020 desistió del recurso al considerar que los registros de las marcas que habían servido de base a la oposición habían expirado durante el procedimiento por no haber sido renovados. El Tribunal de Justicia archivó posteriormente el asunto.

Unipreus trató de restablecer sus derechos sobre las marcas anteriores y defendió que la caducidad de las marcas no podía impedir la aplicación de la sentencia del Tribunal General de 3 de octubre de 2018. Tras confirmarse definitivamente la expiración de los registros, la Sala de Recurso desestimó el recurso y la oposición por considerar que esta había quedado sin objeto. Unipreus recurrió dicha resolución ante el TGUE, basando su argumentación fundamentalmente en dos puntos:

• La EUIPO había infringido el artículo 121 del Reglamento de Procedimiento al no respetar la obligatoriedad de la sentencia de 3 de octubre de 2018, basándose en circunstancias posteriores a dicho pronunciamiento.

• La expiración o caducidad de las marcas producía efectos ex nunc y, al haberse producido con posterioridad a la sentencia de anulación dictada por el TGUE el 3 de octubre de 2018, no podía alterar lo decidido en ella.

Por su parte, la EUIPO y Wallapop defendieron que la caducidad de las marcas que habían servido de base a la oposición constituía un hecho nuevo que debía ser tomado en consideración, al afectar directamente al ius prohibendi de la parte oponente. Los derechos existían al formularse la oposición, pero habían dejado de estar vigentes cuando la Sala de Recurso debía pronunciarse nuevamente.

El 9 de septiembre de 2026, el Tribunal General de la Unión Europea dio la razón a la EUIPO y a Wallapop, desestimando íntegramente el recurso de Unipreus con base, principalmente, en los siguientes motivos:

En primer lugar, el Tribunal recordó que la similitud de los servicios no implica por sí sola la existencia de riesgo de confusión, ya que la similitud o identidad de los signos y la similitud o identidad de los productos o servicios constituyen requisitos acumulativos. En su sentencia de 2018, el Tribunal General se había limitado a corregir la apreciación relativa a los servicios, sin pronunciarse sobre la existencia de riesgo de confusión, cuestión que debía ser examinada en primer lugar por la EUIPO.

A partir de ahí, el TGUE consideró que la Sala de Recurso estaba obligada a tener en cuenta la expiración de los registros como un hecho nuevo, pese a haberse producido con posterioridad a la sentencia de anulación de 3 de octubre de 2018. Al tener que adoptar una nueva resolución, la Sala debía valorar las circunstancias existentes en ese momento, sin que ello vulnerase ni la fuerza de cosa juzgada ni el principio de seguridad jurídica.

El fundamento más relevante del asunto radica, precisamente, en la exigencia de que el derecho anterior invocado se mantenga vigente hasta que la EUIPO se pronuncie definitivamente sobre la oposición. La existencia del motivo de denegación relativo no debe apreciarse únicamente atendiendo a la situación existente en la fecha inicial pertinente, sino también a la situación existente en el momento de la resolución definitiva. El TGUE extiende así por analogía al artículo 8.1.b) la doctrina establecida por el TJUE en EUIPO/Nowhere respecto del artículo 8.4.

Por último, el Tribunal consideró irrelevante la causa por la que se hubiera producido la pérdida del derecho anterior: lo decisivo es que este ya no se encuentre vigente cuando la EUIPO resuelva. Asimismo, descartó la aplicación del artículo 55 del Reglamento n.º 207/2009, al referirse dicha disposición a marcas de la Unión y no a las marcas nacionales españolas en las que Unipreus había basado su oposición.

Una sentencia que fija criterios y delimita la naturaleza de la oposición

Esta sentencia del TGUE marca una pauta muy clara: la EUIPO puede tener en cuenta los cambios de circunstancias posteriores a la presentación de la oposición y la pérdida de vigencia del derecho anterior durante el procedimiento puede dejar la oposición sin objeto. Ello significa que obtener un pronunciamiento favorable durante una fase del procedimiento no garantiza por sí solo el resultado final: es necesario mantener vigentes los derechos que sirven de fundamento a la oposición.

La sentencia también permite distinguir entre prioridad y vigencia. La prioridad determina qué derecho es anterior, pero esa anterioridad no basta por sí sola: el derecho debe seguir existiendo y produciendo efectos cuando la EUIPO resuelva definitivamente la oposición. Además, el Tribunal deja claro que la causa de la pérdida del derecho resulta secundaria. Lo determinante es que, en el momento de resolver, la marca anterior ya no pueda desplegar su ius prohibendi.

Desde un punto de vista práctico, el asunto pone de relieve la importancia de una correcta gestión de la cartera durante todo el procedimiento. La renovación y el mantenimiento de los registros pueden ser tan decisivos como la propia estrategia procesal.

Por último, la sentencia resulta especialmente interesante desde una perspectiva teleológica, ya que confirma que la oposición cumple una función fundamentalmente preventiva y no sancionadora. Si el derecho anterior deja de estar protegido antes de que se resuelva definitivamente la oposición, su función esencial ya no puede verse comprometida por el registro de la marca posterior.

Esta interpretación evita que se mantengan obstáculos registrales sustentados en derechos que ya han dejado de existir y contribuye a impedir la prolongación de procedimientos que han perdido su fundamento jurídico.

Bibliografía:

Tribunal General de la Unión Europea, Sentencia de 9 de septiembre de 2026, Unipreus, S.L. / EUIPO – Wallapop, S.L., asunto T-551/24.