PONS IP, coincidiendo con presentación de la herramienta SAFE EVIDENCE, celebró en la sede de Fundación PONS una mesa debate con el título «La tecnología siempre se encuentra con el reto de la falta de conocimiento en su aplicación en empresas e instituciones públicas» que reunió a expertos del ámbito público, privado y letrados con amplia experiencia para poner sobre la mesa la realidad procesal en España de las evidencias surgidas de tecnologías disruptivas como el blockchain, así como para hablar de la necesidad de digitalización de las administraciones públicas.
Participaron en la charla moderada por la directora general de PONS IP Nuria Marcos; Natalia Díaz como responsable de Innovación y Vigilancia Tecnológica en INECO, Teresa Granda, letrada del Consejo General de la Abogacía Española, Marta Gutiérrez, CEO de Singblock, Eduardo Galocha, actual abogado responsable de Nuevos Negocios Digitales en el grupo SIGNE y Amaya Mallea, directora de PONS IP de Consultoría Legal en I+D+i.
Esta solución ofrece una gran diversidad de oportunidades para los distintos sectores, y desde el de la abogacía, para Teresa Granda; letrada del Consejo General de la Abogacía española señala que su labor como abogados es “siempre dar una solución a nuestros clientes. La sociedad avanza, y la abogacía también lo hace para poder dar la solución más acertada”. Durante la jornada, se comentaron diversas soluciones ágiles a los problemas que van surgiendo en los distintos ámbitos y Granda destaca que “una herramienta como esta, puede permitir al cliente garantizar que el secreto profesional que quiere custodiar lo haga con las garantías técnicas y jurídicas necesarias”.
Por otra parte, Natalia Díaz; responsable de Innovación y Vigilancia Tecnológica en INECO desde el punto de vista de una empresa del sector público, señala que el mayor reto que se encuentran en su día a día es “que se entienda la herramienta y su uso” ya que, dentro del amplio abanico de tecnologías y vocablos utilizado por todos, blockchain no deja de ser de los más difíciles de entender por lo que Díaz asegura que “trasladar eso al usuario final y buscar el modelo de negocio es la parte más difícil del proceso y deberíamos poder apoyarnos en ejemplos que hagan de la explicación, algo más sencillo”.
Granda, corrobora desde su punto de vista que “la tecnología siempre se ha encontrado con el reto de la dificultad del conocimiento”. Además, explica que, para los abogados, que pese a contar con una importante brecha digital, deben ir adaptándose a las nuevas necesidades que surgen para poder así dar una buena solución a sus clientes.
Amaya Mallea como directora de Consultoría Legal en I+D+i, aporta desde su experiencia que, desde PONS IP, plantean ofrecer a los clientes una combinación y así poder contar con todas las garantías de seguridad necesarias. En su caso, resalta que “hasta que solicitamos una patente, tenemos un know-how secreto, y lo importante es ser capaces de acreditar que lo hemos generado nosotros y luego el mantenimiento del secreto. Este tipo de plataformas nos permite mantener el secreto de la información para que, en el caso de querer solicitar finalmente la patente, podamos tener todo lo necesario”.
Galocha, como abogado responsable de Nuevos Negocios del Grupo Signe añade que, aparte de poder garantizar la autoría, que se mantiene en secreto, “es importante contar con los tiempos en el que se ha desarrollado para poder acreditar de manera fehaciente que lo hemos podido desarrollar nosotros en primer lugar”.
¿En qué se diferencia esta herramienta? Es una cuestión que muchos se preguntaron a lo largo de la jornada, por lo que, Marta Gutiérrez como CEO de Singblock, señala que tecnológicamente tiene bastantes diferencias y que “blockchain será una herramienta que supondrá una disrupción dentro de todos los modelos de negocio porque sus tres características principales; trazabilidad, transparencia y mutabilidad permiten resolver problemas que antes no eran posibles”.
Concluyeron que para que esta herramienta sea aceptada como prueba jurídica, “falta simplemente la voluntad política de legislarlo. Ya hay avances a nivel internacional, pero yo soy de la opinión de que ninguna tecnología debe regularse jurídicamente como tal sino el uso que se haga de la misma”, según Galocha.
