Por Luis Ignacio Vicente del Olmo, Consejero Estratégico de PONS IP

Quien no tiene visión confunde I+D con Innovación. En España, en ocasiones consideramos que los conceptos son sinónimos, cuando en la práctica son actividades que necesitan perfiles y modelos de gestión diferenciados. La I+D genera conocimiento; la innovación lo convierte en valor económico y social a través del mercado. Europa es razonablemente buena generando conocimiento, pero sigue siendo mediocre convirtiéndolo en éxito de mercado. Abordar este reto es el objetivo de la propuesta de la nueva Ley de Innovación europea que ha presentado la Comisión este 9 de septiembre.

Las empresas españolas realizan el 56% de toda la I+D del país, pero ese esfuerzo apenas representa el 0,84% del PIB, frente al 1,41% de media en la UE y el 1,99% de la OCDE. No obstante, considero que estas cifras esconden más actividad de I+D. No tiene sentido que, por ejemplo, según el EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2025, la primera empresa española por inversión en I+D sea el Banco Santander y otras entidades financieras, ni siquiera aparezcan en la lista. La razón de estas discrepancias puede estar en que en las empresas manejamos tres conceptos diferentes de I+D: la I+D que se contabiliza, la que permite obtener deducciones fiscales y la que reportamos al INE o en este tipo de encuestas, basada en la definición del Manual de Frascati de la OCDE.

En el caso de la innovación, tampoco tenemos una definición única y convivimos con las del Manual de Oslo de la OCDE y las de la Ley del Impuesto de Sociedades para la aplicación de las deducciones fiscales.  Seguramente fui la primera persona que tuvo la palabra “innovación” en un cargo hace ya más de 35 años y, desde entonces me afano por encontrar la mejor manera de gestionarla. Confieso que soy profesor de esta materia en reconocidas escuelas de negocio, pero todavía tengo más preguntas que respuestas.

Hoy las empresas, y España como país, tenemos retos como el contexto geopolítico, la necesidad de encontrar el talento que necesitamos, la incorporación de la Inteligencia Artificial y, sobre todo el incremento de la productividad.

Con este contexto lo primero que me llama la atención, al leer la propuesta de la Comisión es su modestia estructural. Para abordar algo tan amplio y multidimensional como la innovación —que involucra talento, cultura empresarial, regulación, geopolítica, financiación, capacidad de absorción tecnológica— la Comisión ha optado por centrarse en solo dos ejes: la compra pública de innovación y la gestión de los activos intangibles, con especial foco en su valoración y en su valorización, que también son dos conceptos diferentes. Entiendo la lógica de concentrar el disparo. Mejor hacer bien dos cosas que mal muchas.

Dicho esto, creo que ambos ejes son pertinentes, y sostengo que su implementación —no su diseño sobre el papel— será lo que determine si esta ley cambia algo de verdad.

Aquí los retos son relevantes en ambos frentes. El primero, la compra pública de innovación, tiene una lógica que comparto: convertir al sector público en primer cliente de tecnologías emergentes, algo que en Europa llevamos años haciendo entre cinco y ocho veces peor que otros grandes competidores. Recuerdo que en España, con el liderazgo de Cotec, fuimos impulsores en el desarrollo de estas políticas en Europa, pero no hemos sido líderes en su implantación.

Para que la compra pública innovadora cumpla su propósito, tiene que ser un proceso genuinamente transparente y basado en mérito técnico, no una capa administrativa más que termine beneficiando a los proveedores habituales o que se convierta en un ejercicio de cumplimiento formal. Las empresas llevamos ya tiempo quejándose de una regulación imprevisible, con excesiva burocracia y poco adaptada a los tiempos reales de la innovación tecnológica, y de una falta de coordinación entre Administraciones. Esperemos que el nuevo marco de contratación resuelva estos puntos —transparencia real, plazos compatibles con el ritmo de una startup, coordinación efectiva entre niveles administrativos—, para que se convierta en un mecanismo de impulso para la llegada de la tecnología al mercado.

El segundo eje, la gestión de activos intangibles —patentes, software, datos—, es un tema que me obsesiona con el convencimiento de que el impulso de la gestión de la propiedad intelectual nos ayudará a incrementar la productividad al promover un modelo económico basado en productos y servicios tecnológicos de valor añadido. Hoy el valor de las empresas se basa en una buena parte en estos activo intangibles. Crear un marco común europeo de valoración de propiedad intelectual es una idea necesaria: sin metodologías homogéneas y creíbles, ningún banco ni fondo va a aceptar una patente como garantía real de financiación, por mucho valor económico que encierre. Pero un marco de este tipo necesita un hogar institucional con capacidad técnica real, y todo apunta a que ese papel recaerá en la EUIPO, la oficina europea de propiedad intelectual. El problema es que valorar activos intangibles con rigor —y hacerlo de forma consistente en sectores y países muy distintos— exige un conocimiento técnico y económico que va mucho más allá de lo que hoy gestiona esa institución, centrada tradicionalmente en marcas y diseños. Si no se dota a la EUIPO de medios humanos y técnicos suficientes —expertos en valoración financiera, en tecnología sectorial, en análisis de mercado—, el marco de valoración se quedará en un ejercicio formal, sin la credibilidad necesaria para que la banca y los inversores lo adopten de verdad.

La Ley de Innovación acierta al señalar dos problemas reales y al intentar resolverlos con instrumentos concretos y medibles. Pero una ley bien diseñada sobre el papel no basta si su implementación se queda a medio camino: una compra pública que no es transparente, o una valoración de intangibles sin medios para hacerse con rigor, producen exactamente el mismo resultado que no haber legislado nada. Europa —y España en particular— seguirá confundiendo el esfuerzo en I+D con la innovación real mientras no resuelva estas cuestiones de ejecución. La visión, como en la frase con la que empezaba este artículo, no consiste en anunciar el destino correcto, sino en tener la disciplina —y dotar los medios— para recorrer bien el camino hasta él.