Por Gabriel Castilla, Consultor técnico Patentes. Área Ingeniería y Software de PONS IP
Con la aplicación de la segunda fase de la reforma, el 1 de julio de 2026, concluye el proceso de actualización del marco europeo de protección de los diseños, orientado a adaptar este sistema a las necesidades actuales del mercado y a los avances tecnológicos.
Durante más de dos décadas, el régimen del antiguo “dibujo o modelo comunitario” ha proporcionado un marco sólido para la protección de la apariencia de los productos en el mercado único. Sin embargo, ese sistema fue concebido en un contexto en el que el diseño se asociaba principalmente a objetos físicos y a representaciones estáticas. La irrupción de nuevas realidades —interfaces gráficas, animaciones, entornos virtuales, fabricación mediante impresión 3D— había dejado obsoletas algunas de sus premisas fundamentales. La reforma, iniciada en 2024 y desplegada en dos fases, responde precisamente a este objetivo.
Aunque la segunda fase resulta menos visible que la primera, es especialmente relevante porque desarrolla y hace plenamente operativas muchas de las novedades introducidas por la reforma. Su esencia radica en el desarrollo reglamentario —mediante actos delegados y de ejecución— que articula cómo deben aplicarse en la práctica los nuevos conceptos jurídicos. En este sentido, el 1 de julio no introduce tanto una nueva filosofía como la materialización efectiva de la misma en los procedimientos ante la EUIPO y en la práctica de los operadores jurídicos.
Uno de los cambios más significativos es la profunda transformación del sistema de representación de los diseños. Tradicionalmente limitado a un número reducido de vistas estáticas —siete como máximo—, el nuevo marco elimina en la práctica esa rigidez y abre la puerta a formas de representación mucho más acordes con la realidad tecnológica. A partir de ahora, los diseños pueden representarse mediante imágenes estáticas, modelos tridimensionales, animaciones o incluso vídeos, utilizando tecnologías generalmente disponibles. Este cambio no es menor: implica reconocer que la apariencia de un producto puede depender del movimiento, de la transición o de la interacción, y no únicamente de su aspecto en un instante determinado.
Esta evolución tiene consecuencias profundas. En primer lugar, permite proteger con mayor eficacia sectores hasta ahora insuficientemente cubiertos, como el software, las interfaces de usuario o los productos digitales. En segundo lugar, obliga a los solicitantes a adoptar una estrategia más sofisticada a la hora de definir el objeto de protección: ya no basta con aportar imágenes, sino que resulta crucial decidir qué formato refleja mejor la esencia del diseño y delimita con mayor precisión su alcance.
Junto a ello, la segunda fase introduce mejoras relevantes en los procedimientos, especialmente en materia de nulidad y tramitación. Se refuerza la exigencia de fundamentación en las acciones de invalidez, que deben ir acompañadas de argumentos y pruebas desde el inicio, y se prevén mecanismos de tramitación prioritaria en determinados supuestos. Estas medidas pretenden reducir la litigiosidad innecesaria y favorecer resoluciones más rápidas.
Asimismo, se consolidan ajustes administrativos que, aunque puedan parecer menores, tienen un impacto tangible en la práctica diaria: ampliación de plazos para reivindicar prioridad, simplificación de requisitos formales o eliminación de ciertas cargas como la certificación obligatoria de traducciones en determinados casos. Todo ello apunta hacia un sistema más ágil, accesible y adaptado a las necesidades de empresas y profesionales.
En definitiva, la entrada en vigor de la segunda fase de la reforma culmina un proceso de modernización destinado a adecuar la protección de los diseños a las formas de creación e innovación propias del siglo XXI. Con ello, la Unión Europea busca ofrecer mayor seguridad jurídica a los titulares de derechos y facilitar la protección de diseños en un entorno cada vez más digital y tecnológico.
